La megaminería un mal negocio para el Ecuador

Por: Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro, Francisco Hurtado Caicedo, William Sacher 
Economista, Juez del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza
Foto portada: Cortesía Diario El Universo
Agosto 13 de 2020

No cuadran ni las cuentas económicas. La megamineria un mal negocio para el Ecuador[1]

Se acaba el petróleo, y la minería tampoco nos salvará… 

Si bien el futuro es incierto, más aún en tiempos de una pandemia y una crisis económica sin igual, muchas tendencias hacen pensar que la era petrolera ecuatoriana estaría próxima a su ocaso. Una muestra es el colapso del precio del petróleo observado en medio de la crisis del coronavirus de 2020. En respuesta tanto al desplome del mercado petrolero como a la crisis generalizada que vive el Ecuador, compuesta por un estancamiento de años combinado con la crisis económica mundial que acompaña a la pandemia del covid-19, los defensores de la megaminería plantean un “boom minero” que augura, según ellos, “el futuro del desarrollo económico para el país”: la megaminería como salvación a la crisis.

Apenas como ejemplo de ese discurso que ata el “desarrollo” del Ecuador a la minería, puede revisarse las palabras del expresidente Rafael Correa quien, en medio de la crisis de 2020, llegaría a afirmar respecto a esta actividad extractivista que “Empieza una nueva etapa en la HISTORIA ecuatoriana, gracias a la decisión política y las inversiones durante la Revolución Ciudadana. Prácticamente Ecuador no había desarrollado su GIGANTESCO potencial minero. Puede ser nuestra ÚLTIMA oportunidad para el desarrollo”.[2] Tales palabras las enunció Correa en celebración del primer lingote de oro obtenido del proyecto megaminero Fruta del Norte y presentados por la minera sueco-canadiense Lundin Gold en junio de 2020.

El discurso es claro: si Ecuador quiere “desarrollarse”, la minería sería su “última oportunidad”. Sin embargo, estos y muchos otros discursos solo expresan múltiples intereses nacionales y transnacionales que anhelan lucrar de la gran minería y ganar legitimidad ante la población. En realidad, la megaminería es un mito. A nivel económico, los ingresos que prevé otorgar la actividad al Estado serían mucho menores a los ingresos del “segundo boom” petrolero (que, no olvidemos, fue desperdiciado precisamente por el gobierno correísta). Además, al país solo le quedarán desperdicios y migajas del festín minero del siglo XXI. Basta ver la información sintetizada a continuación en base a datos estatales o de las propias mineras.[3]

Campaña de desinformación para frenar la resistencia antiminera 

Para los intereses mineros urge reforzar su legitimidad –con una masiva propaganda– dada la creciente resistencia en contra de la megaminería. Basta recordar, los potentes ejemplos que constituyen las luchas históricas antimineras de Intag, Nankints, Tundayme, Río Blanco o Loma Larga.

Los discursos que divulga el poderoso bloque minero-gubernamental parten de argumentos falaces. Un ejemplo es la afirmación de que “muy seguramente el 13% o 14% de la reserva mundial de cobre está en el Ecuador”. Esta declaración la pronunció Lenín Moreno, presidente del Ecuador, el 22 de enero de 2019 durante su participación en el Foro Económico Mundial[4]. La realidad es distinta. Incluso aceptando las estimaciones más optimistas de que el Ecuador tendría 20 millones de toneladas de reservas potenciales de cobre, ese monto sería menos del 2,4% del total global, estimado a febrero de 2019 en 830 millones de toneladas.[5]

A esta reserva potencial en suelo ecuatoriano se suma una débil capacidad de generar empleo. A inicios de 2019, el entonces ministro de energía Carlos Pérez anunciaba que los proyectos mineros generarían 32 mil plazas de trabajo directo. Dicha suma es menos del 0,4% del empleo en el Ecuador. De hecho, la megaminería no se destaca en generar empleo. Según la CEPAL a 2017 el sector solo representó el 1,8% de empleos en Chile y el 1,1% en Perú, dos grandes países megamineros de nuestra región.

Se debe recordar que el trabajo en una mina de mediana o de gran escala, sea a cielo abierto o en el subsuelo, si bien genera varias fuentes de empleo en las fases iniciales y hasta la construcción de la mina, desciende drásticamente con el inicio de la fase de explotación en la que se requiere mayoritariamente mano de obra altamente calificada o tecnificada que opere maquinarias. La inmensa mayoría de los puestos de trabajo son destinados a hombres jóvenes lo cual participa de la repatriarcalización de los territorios mineros y suele implicar diversos tipos de violencias de género, a más de otro tipo de violencias provocadas pr el alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia, etc. Además, los puestos de empleo en la megaminería nunca dejan de ser altamente peligrosos, pues el sector deja cientos de muertos anualmente. Finalmente, los préstamos chinos que contrató el Ecuador en los años anteriores han incorporado dentro de sus condiciones que los Estados garanticen el desarrollo de proyectos estratégicos con empresas y trabajadores de origen chino, lo que significa menos empleo para las comunidades directamente afectadas y mayores conflictos en las zonas donde operan las mineras del gigante asiático.

Bajo esta campaña de legitimar a la megaminería forzando números y realidades, el Estado Ecuatoriano en las últimas décadas ha avanzado vertiginosamente en dos acciones deliveradas: por una parte, la consolidación de reformas normativas, desregularizaciones, flexibilizaciones y el otorgamiento de una serie de beneficios a las empresas mineras transnacionales y, por otra parte, la aquiescencia y hasta la ejecución directa de innumerables ataques a las comunidades que defienden sus territorios –desde discursos que estigmatizan a la organización social, pasando por procesos de hostigamiento, violencias de género, despojos, represión, militarización, persecución y criminalización y hasta desplazamiento forzado y el asesinato de dirigentes–. Acciones que se sostienen por una alianza perversa entre capitales transnacionales, élites económicas locales y funcionarios del Estado para garantizar el lucro desmedido basado en el saqueo y la destrucción de numerosos ecosistemas únicos y sus habitantes.

Desentrañando las falacias megamineras proyecto por proyecto 

Ante la insistencia en el discurso desarrollista alrededor de la minería, se hace necesario advertir de las falacias que el supuesto “boom minero” promete al Ecuador. Pese a que el acceso a información fiable es complejo, al menos en términos económicos es viable analizar críticamente los datos que el Estado y las empresas mineras han hecho públicos; esto con el fin de dimensionar y comprender que la minería en vez de sacarnos de la crisis, no hundirá más aun en ésta. En medio de una crisis económica y social sin precedentes que se ahonda con los impactos del covid-19, proyecto a proyecto se evidencia que la minería dejará grandes pérdidas no sólo económicas sino sociales y ecológicas.

Entre los 30 proyectos megamineros que el Estado ecuatoriano tiene en cartera están los los llamados “proyectos estratégicos” (Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga, Río Blanco y Panantza-San Carlos) y los de “segunda generación” (Llurimagua, Cascabel, Cangrejos y El Domo/Curipamba). Mirador y Fruta del Norte son los más avanzados al encontrarse ya en etapa de explotación. Todos estos proyectos, que han recibido el perverso apoyo del estado, generán violencias físicas y simbólicas, impactos ambintales y están de varias maneras plagados de fallas legales. Presentan, además, proyecciones económicas desalentadoras. Estos proyectos se encuentran en manos de empresas transnacionales de Chile, Canadá, China y Australia. La mayoría de éstas llegaron al Ecuador con un saldo muy preocupante, incluyendo acusaciones de corrupción, criminalidad económica, violación de derechos humanos y contaminación ambiental.

Mirador (El Pangui, Zamora Chinchipe)

Mirador es un proyecto polimetálico (cobre, oro y plata) operado por las transnacionales paraestatales chinas Tongling Non Ferrous Metals y China Railways Construction Corporation, a través del consorcio CRCC-Tongguan. La subsidiaria operadora del proyecto en Ecuador es la EcuaCorriente S.A. (ECSA). Estas compañías no están obligadas a divulgar detalles del proyecto. Según el gobierno ecuatoriano, con una vida útil de 30 años, Mirador supondrá el tratamiento químico diario de 60,000 toneladas de mena (de las cuales menos del 2% será exportado) y la producción anual de 354,294 toneladas de concentrado de cobre (es decir en formato de materia prima barata no procesada, dejando el valor agregado fuera del país).

Mirador ilustra el actual gigantismo de la megaminería a escala global. Al final de la vida de la mina, se acumularán 491 millones de metros cúbicos de lodos contaminados (3 veces el volumen del lago San Pablo) y 438 millones de toneladas de desechos sólidos (5 veces el Panecillo de Quito). En este período de 30 años, diariamente se consumirían alrededor de 21 millones de litros de agua (250 l/s), el volumen de 8 piscinas olímpicas o el consumo de la ciudad de Ibarra.

Según información del Banco Central del Ecuador, la inversión esperada del proyecto llegaría a $US 2,015 millones, de los cuales $US 1,200 millones ya se han invertido. A su vez, oficialmente el proyecto generaría $US 36,478 millones en exportaciones entre 2019 a 2049, con ingresos al Estado de $US 9,239 millones (impuestos, regalías y otros). Así, Mirador dejaría a sus propietarios chinos $US 27,239 millones entre costos de operación y utilidades. El proyecto arrancó sus exportaciones de concentrado de cobre a refinerías chinas a finales de 2019 equivalentes a $US 23 millones, es decir casi 20 mil toneladas de concentrado de cobre. El promedio anual estimado de ingresos de este proyecto para el Estado sería de $US 308 millones por 30 años, equivalente al 21.2% del impuesto a la renta pagado por los 270 grupos económicos identificados por el SRI en 2017 (que sumó $US 1,447.2 millones).

En las dos últimas décadas la realización de las condiciones materiales y sociales necesarias a la puesta en marcha de Mirador, ha dejado severos impactos sociales, psicosociales y ambientales, como deforestación, contaminación de los ríos, desalojos violentos, acaparamientos de tierra, criminalización de la protesta social e incluso el asesinato aún impune del líder Shuar José Isidro Tendentza Antún.[6] Sin embargo, con la fase de explotación, el gigantismo de Mirador apunta a impactos aún más graves. Un análisis independiente del ingeniero minero estadounidense James Kuipers –muy conservador, basado en un volumen diario de 27,000 toneladas de mena tratada y una duración de vida del proyecto de 20 años– concluye que el costo de gestión de los desechos mineros después del cierre de la mina será al menos de $US 568 millones. Este costo sin duda se incrementaría con el incremento de la capacidad actual a 60,000 toneladas/día de extracción de material, y es evidente que no considera los costos que implicaría una rotura parcial o completa de los diques de relaves que la mina prevé.

Detalles Mirador Característica
Propietarios China Railways Construction Corporation y Tongling NonFerrous Metals (China)
Vida útil 30 años
Fase actual Explotación
Inversión planeada USD 2.015 millones
Inversión ejecutada entre 2010 y tercer semestre de 2019 USD 1.200 millones
Ingresos para el Estado USD 9.239 millones
Costos de operación + ganancias de la minera USD 27.239 millones
Ingreso promedio anual al Estado USD 308 millones
Equivalencia anual a impuesto a la renta de grupos económicos en 2017 21,2%
Potencial material tratado 60.000 toneladas por día
Lodos contaminados a final de la vida de la mina 491 millones de metros cúbicos
Modalidad Cielo abierto
Consumo de agua 21 millones de litros al día

Fruta del Norte (Yantzaza, Zamora Chinchipe)

Fruta del Norte, actualmente propiedad de la sueco-canadiense Lundin Gold es un proyecto de minería subterránea, con una vida útil de 10 a 15 años, que prevé exportar concentrado de oro y plata. La inversión planificada es de $US 1,240 millones, de los cuales entre 2007 y el tercer semestre de 2019 ya se han invertido $US 1,213 millones. Sus exportaciones llegarían a $US 7,887 millones, mientras que los beneficios para el Estado sumarían $US 1,960.9 millones. Dichas estimaciones implican que las ganancias de la minera y los costos operativos sumarían $US 5,926 millones. Los ingresos para el Estado equivaldrían a un promedio anual de $US 150.8 millones por 13 años, lo cual representa anualmente a 10.4% del impuesto a la renta pagado en 2017 por los 270 grupos económicos identificados por el SRI.

Este proyecto minero en 2019 ya exportó 177.9 toneladas de concentrado de oro a Europa (dejando el valor agregado fuera del Ecuador). El proyecto prevé tratar de 3,000 a 3,500 toneladas diarias de mena mediante el proceso de flotación y de cianuración. El cianuro es un compuesto altamente tóxico, ampliamente usado para extraer oro y ha causado catástrofes ambientales y humanas. Al final de la vida de la mina se prevé acumular 13.4 millones de toneladas de lodos contaminados.

La mina ya ha generado ganancias millonarias para sus propietarios, gracias a la mera compraventa de sus acciones, por ejemplo en 2006, cuando la junior Aurelian vendió su proyecto a la canadiense Kinross, sus acciones pasaron en poco tiempo de $US 0.60 a $US 40, dejando una cómoda ganancias a quien había tenido la “buena idea” de comprar acciones de la junior. Un informe de la Contraloría muestra que el gobierno firmó el contrato de explotación en 2016 pese a varias irregularidades.

Detalles Fruta del Norte Característica
Propietario Lundin Gold (Suecia, Canadá)
Vida útil 10 a 15 años
Fase actual Explotación
Inversión planeada USD 1.240 millones
Inversión ejecutada entre 2007 y el tercer semestre de 2019 USD 1.213 millones
Ingresos para el Estado USD 1.960,9 millones
Costos de operación + ganancias de la minera USD 5.926 millones
Ingreso promedio anual al Estado USD 150,8 millones
Equivalencia anual a impuesto a la renta de grupos económicos en 2017 10,4%
Potencial material tratado 3.000 a 3.500 toneladas diarias
Lodos contaminados a final de la vida de la mina 13,4 millones de toneladas
Modalidad Subterránea
Consumo de agua 2,6 millones de litros al día

Loma Larga (antes Quimsacocha) (Azuay)

Según la propietaria del proyecto Loma Larga, la junior minera canadiense INV Metals (cuyo accionista principal es otra minera canadiense, IamGold), este proyecto subterráneo, con una vida útil de 12 años, requeriría invertir $US 432 millones, de los cuales entre 1999 y el tercer trimestre de 2019 ya se habrían invertido $US 63.9 millones, mientras que el total de ingresos que generaría sería de $US 2,054.6 millones; a su vez, se estima que Loma Larga generaría $US 669.7 millones de ingresos al Estado por impuestos, regalías y demás. Todo esto dejaría, entre costos de operación y ganancias de la minera, unos $US 1,384.9 millones. En estas condiciones, el proyecto implicaría para el Estado un ingreso promedio anual de $US 55.8 millones durante 12 años, equivalentes anualmente a 3.8% del impuesto a la renta pagado en 2017 por 270 grupos económicos. Para comparar con los ingresos esperados por parte del megaproyecto, en los últimos 20 años, ETAPA (Empresa pública municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) ha invertido $US 200 millones para conservar fuentes de agua, tratamiento y saneamiento en varias cuencas hidrográficas que abastecen a Cuenca.

Se prevé tratar al día unas 3.400 toneladas de mena mediante flotación lo cual acumulará 5.5 millones de toneladas de lodos contaminados en un dique de colas (se prevé enterrar el resto de los desechos en la misma mina). Asimismo, el proyecto necesitará de 17 litros de agua por segundo. El proyecto está en una zona de páramo, colindante con varias áreas protegidas, la cual alimenta a múltiples ríos: el río Tarqui que riega las parroquias de Victoria del Portete, Tarqui, Baños y Turi; los ríos Yanuncay y Tomebamba que abastecen alrededor del 30% del suministro de agua de la ciudad de Cuenca; el río Rircay que recorre los cantones de Girón, Santa Isabel, San Fernando y es afluente del río Jubones, que desemboca en el Océano Pacífico. A su vez, la minería contaminaría la cuenca del Río Irquis, controlada por los sistemas comunitarios de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete que abastecen de agua a 1,500 familias. De darse la ruptura de la relavera que almacenará los lodos contaminados, se esperaría un grave impacto en los ríos e incluso sobre fuentes de agua vitales para Cuenca.

Detalles Loma Larga Característica
Propietario INV Metals (Canadá)
Vida útil 12 años
Fase actual Exploración
Inversión planeada USD 432 millones
Inversión ejecutada entre 1999 y el tercer semestre de 2019 USD 63,9 millones
Ingresos para el Estado USD 669,7 millones
Costos de operación + ganancias de la minera USD 1.384,9 millones
Ingreso promedio anual al Estado USD 55,8 millones
Equivalencia anual a impuesto a la renta de grupos económicos en 2017 3,8%
Potencial material tratado 3.400 toneladas diarias
Lodos contaminados al final de la vida de la mina 13 millones de toneladas
Modalidad Subterránea
Consumo de agua 1,47 millones de litros por día

Río Blanco (Molleturo, Azuay)

Según la Ecuagoldmining South América S.A. (propiedad conjunta de las empresas chinas Junefield Mineral Resources Limited y Hunan Gold Group), el proyecto tendría una vida útil de 11 años y contempla producir oro, plata y cobre, a través de una mina subterránea implicando procesar 800 toneladas de mena por día. Según fuentes gubernamentales la inversión esperada del proyecto sumaría los $US 88.8 millones (de los cuales entre 2010 y el tercer trimestre de 2019 ya se habrían invertido $US 21.5 millones), mientras que las exportaciones proyectadas para el período 2018-2028 llegarían a $US 635.56 millones y los ingresos para el Estado sumarían $US 193.8 millones. Esto sugiere que los costos operativos y ganancias de la minera china serían $US 441.76 millones. En promedio, en cada uno de los 11 años de vida del proyecto el Estado obtendría $US 17.6 millones, es decir, 1.2% del impuesto a la renta pagado por 270 grupos económicos en 2017.

El proyecto Río Blanco afectaría a varias reservas naturales pues intersecta con el borde occidental del Parque Nacional Cajas y el Bosque Protector Molleturo-Mollepungo, de cuyos páramos nacen numerosos ríos que suministran agua a varias poblaciones del flanco occidental de la cordillera y desembocan en la costa ecuatoriana. Igualmente se afectaría a varias fuentes de agua que proveen al Azuay, Guayas y El Oro. Por otra parte, las comunidades de Yumate, Cochapampa, Molleturo y Río Blanco han enfrentado constantes vulneraciones a los Derechos Humanos acentuadas desde el cambio de fase de exploración avanzada a explotación: afectación a su agricultura y ganadería; desecamientos de una laguna y afectación a humedales, derecho al libre tránsito y amenazas, hostigamientos y agresiones a defensoras/es de derechos humanos.

Detalles Río Blanco Característica
Propietario Junefield Mineral Resources Limited (China)
Vida útil 11 años
Fase actual Explotación
Inversión planeada USD 88,8 millones
Inversión ejecutada entre 2010 y el tercer semestre de 2019 USD 21,5 millones
Ingresos para el Estado USD 193,8 millones
Costos de operación + ganancias de la minera USD 441,76 millones
Ingreso promedio anual al Estado USD 17,6 millones
Equivalencia anual a impuesto a la renta de grupos económicos en 2017 1,2%
Potencial material tratado 800 toneladas por día
Modalidad Subterránea

Este proyecto cuprífero a cielo abierto es propiedad del mismo consorcio de empresas paraestatales chinas que Mirador: Tongling Non Ferrous Metals y China Railways Construction Corporation. La subsidiaria ecuatoriana que opera el proyecto es ExplorCobres S.A. (EXSA). Según el gobierno la inversión esperada ascendería a $US 3,032 millones (entre 2010 y el tercer trimestre de 2019 apenas se han invertido $US 26.3 millones).

Panantza-San Carlos (San Juan Bosco y Limón Indanza, Morona Santiago)

El proyecto está en fase de exploración y la información disponible escasea. Por tanto, no es factible estimar los potenciales ingresos tanto para la minera como para el Estado. Esto tiene sentido por el poco avance de este proyecto frente  a la resistencia sostenida por las comunidades Shuar. En especial, todo el mundo recuerda la valiosa e histórica lucha de la comunidad de Nankints en 2006 cuando expularon a la empresa de sus territorios ancestrales y, asimismo, el desalojo violento dirigido por el Estado Ecuatoriano en el último semestre de 2017 para retomar el campamento minero.

De lo que se conoce por informes de la canadiense Corriente Resources en 2007, el proyecto duraría de 20 a 30 años en los cuales se procesarían 90,000 toneladas diarias de mena (¡1.5 veces más que Mirador!). De ese proceso se obtendría durante los primeros 10 años alrededor de 4.2 millones de toneladas de cobre, 228 mil onzas de oro, 1.1 millón de onzas de plata y 28 mil toneladas de molibdeno. Según estas cifras el total de lodos contaminados alcanzaría más de 700 millones de toneladas en un solo dique de relave.

Detalles Panantza-San Carlos Característica
Propietarios China Railways Construction Corporation y Tongling NonFerrous Metals (China)
Vida útil 20 a 30 años
Fase actual Exploración
Inversión planeada USD 3.032 millones
Inversión ejecutada entre 2010 y el tercer semestre de 2019 USD 26,3 millones
Potencial material tratado 90.000 toneladas diarias
Lodos contaminados al final de vida de la mina 700 millones
Modalidad Cielo abierto

Llurimagua (Intag, Imbabura)

Este proyecto está en manos de la estatal ecuatoriana ENAMI y la estatal chilena Codelco a través de su subsidiaria Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. El proyecto tendría una vida útil de 27 años, en los cuales extraería anualmente 210 mil toneladas de cobre. Entre 2012 y el tercer trimestre de 2019 en el proyecto se han invertido $US 46.8 millones, de una inversión total planificada de $US 48 millones hasta 2022. Para Llurimagua no ha sido factible identificar información sobre ingresos para el Estado. El proyecto está aún en fase de exploración avanzada pese a ser el megaproyecto más antiguo del país. Llurimagua podría implicar hasta el tratamiento de 1,360 millones de toneladas de mena, volviéndose el megaproyecto más grande del Ecuador. Sobre potenciales impactos físicos y ambientales, el contexto de la zona hace de Llurimagua “el peor de los peores escenarios”, según el diagnóstico del ingeniero minero Steve Emerman, quien condujo un estudio independiente sobre el caso. Por otra parte, existe grandes riesgos de contaminación por metales pesados y drenaje ácido de mina.

La lentitud del proyecto se debe en parte a la resistencia de los comuneros y las comuneras de Intag, la cual tiene un cuarto de siglo de historia. Es notorio en toda la región su proceso histórico de organización social y de resistencia. En dos ocasiones expulsaron a empresas transnacionales, primero a la japonesa BishiMetal y luego la canadiense Ascendant Copper. La historia del proyecto está plegada de irregularidades y actitudes criminales de las empresas propietatias que se sucedieron. En abril de 2019, tanto la Defensoría del Pueblo del Ecuador como la Contraloría General del Estado detectaron graves irregularidades legales, ambientales y de derechos humanos cometidas por la Empresa Nacional Minera (ENAMI) del Ecuador y por CODELCO de Chile, empeñadas en desarrollar este proyecto que fue impuesto a la fuerza por el correísmo.

Detalles Llurimagua Magnitudes
Propietarios Codelco (Chile) y ENAMI (Ecuador)
Vida útil 27 años
Fase actual Exploración
Inversión planeada (hasta 2022) USD 48 millones
Inversión ejecutada entre 2012 y tercer semestre de 2019 USD 46,8 millones
Potencial material tratado 1.360 millones de toneladas

Alpala/ Cascabel (Lita y Carolina, Imbabura)

El proyecto es manejado mayormente por la minera australiana SolGold (la mayor acaparadora de concesiones mineras en Ecuador), a traves de su subsidiara Exploraciones Novomining S.A. (ENSA). Bajo el escenario base planteado por la minera a más de la información oficial del gobierno, el proyecto tendría una vida útil de entre 50 y 65 años en los cuales se extraería material a un promedio anual de 50 millones de toneladas, implicando casi 1,000 millones de toneladas en total. Aquí destaca que la duración del proyecto presentada tanto por la minera como por las fuentes gubernamentales es bastante peculiar, pues es difícíl para una empresa planear la extracción a un horizonte tan largo.

Según información de SolGold el proyecto generaría $US 74,199 millones, mientras que el pago al Estado por impuestos, regalías y demás llegaría a los $US 14,031 millones (SolGold, 2019, p.406). En cambio, el monto inicial de inversión según la misma minera alcanzaría los $US 2,447.87 millones en el escenario base (Ibid., p.49). A la vez, entre 2012 y el tercer trimestre de 2019, en este proyecto se habrían invertido $US 143,5 millones para desarrollar sus trabajos de exploración. Como resultado, quedarían $US 60,168 millones que cubrirían costos operativos y las ganancias de la minera. En estas condiciones, los ingresos anuales promedio del Estado ecuatoriano por este proyecto serían de $US 255.1 millones con un escenario de 55 años, equivalentes a 17,6% del impuesto a la renta pagado por 270 grupos económicos en 2017.

Sobre este proyecto, un examen especial de la Contraloría aplicado entre enero de 2012 a diciembre de 2017 indica que, entre 2013-2014 se habrían dado múltiples incumplimientos legales, como la ausencia de la consulta previa, libre e informada, así como la generación de contaminación con aguas negras y grises. De hecho, el nivel de residuos sería 11 veces superior a los límites permitidos. Además, dada la vida útil de este proyecto de medio siglo, el mismo generaría tanto una acumulación de impactos sociales y ambientales más complejo que el resto de los proyectos analizados. Más aún cuando la zona de Lita está en las vertientes de la Cordillera Occidental de los Andes y el proyecto en una elevación entre 600 y 1800 m.sn.m., por lo tanto, afectando a un sitio de varias fuentes de agua, entre ellos el Río Lita, que desemboca en el Río Mira, el cuál cruza hasta Colombia para desembocar en el Océano Pacífico.

Detalles Cascabel Característica
Propietario SolGold (Australia), y conerstone (Canadá)
Vida útil 50 a 65 años
Fase actual Exploración
Inversión planeada USD 2.447,87 millones
Inversión ejecutada entre 2012 y el tercer semestre de 2019 USD 143,5 millones
Ingresos para el Estado USD 14.031 millones
Costos de operación + ganancias de la minera USD 60.168 millones
Ingreso promedio anual al Estado USD 255,1 millones
Equivalencia anual a impuesto a la renta de grupos económicos en 2017 17,6%
Potencial material tratado 160.000 toneladas por día
Modalidad Cielo Abierto

Cangrejos (El Oro)

Según la canadiense Lumina Gold, a cargo de este proyecto a cielo abierto, con una vida útil de 16 años durante los cuales se produciría un concentrado de oro, cobre y plata que generaría un ingreso bruto de $US 10,057 millones, con un pago de $US 1,147 millones al Estado, quedando $US 8,910 millones a distribuirse entre costos de operación y ganancias de la minera. Bajo estas condiciones, el proyecto generaría ingresos promedio anuales para el Estado de $US 71,6 millones, equivalentes anualmente a 5% del impuesto a la renta pagado por 270 grupos económicos en 2017. Por su parte, la minera indica que el proyecto requeriría $US 817.8 millones de inversión, mientras que entre 2010 y el primer trimestre de 2019 se habrían invertido $US 20.2 millones.

Este proyecto se ubica en la parroquia Bellamaría, del Cantón Santa Rosa, con territorios dedicados sobre todo a la agricultura, ganadería y silvicultura; está ubicado en las últimas vertientes de la cordillera occidental de los Andes, entre los 100 y 1370 m.s.n.m donde aún hay bosques primarios, ríos y cascadas con agua limpia, que serían directamente afectados por el proyecto, tal como refiere su último reporte técnico de 2019.

Detalles Cangrejos Magnitudes
Propietario Lumina Gold (Canadá)
Vida útil 16 años
Fase actual Exploración
Inversión planeada USD 817,8 millones
Inversión ejecutada entre 2010 y el tercer semestre de 2019 USD 20,2 millones
Ingresos para el Estado USD 1.147 millones
Costos de operación + ganancias de la minera USD 8.910 millones
Ingreso promedio anual al Estado USD 71,6 millones
Equivalencia anual a impuesto a la renta de grupos económicos en 2017 5%
Potencial material tratado 40.000 toneladas diarias
Modalidad Cielo Abierto

El Domo / Curipamba (Las Naves, Bolívar)

Este proyecto de minería a cielo abierto y subterránea está principalmente en manos de la empresa Salazar Resources, registrada en la Bolsa de Valores de Toronto, pero con sede en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. El fundador, Freddy Salázar, es un geólogo ecuatoriano que ha participado del advenimiento de la megaminería en el país desde sus inicios. Curipamba tendría una vida útil de 14 años y extraería mineral de zinc y cobre. En términos económicos la minera estima que el proyecto requeriría una inversión inicial de 110.3 millones de dólares con una inversión ya realizada de $US 35.6 millones entre 2010 y el tercer trimestre de 2019 (BCE, 2020, p.16), generaría un ingreso total de 1,120.5 millones y un ingreso para el Estado de alrededor de $US 244 millones. Todo esto deja un saldo de $US 876.5 millones para cubrir gastos operacionales y ganancias de la minera. En tales circunstancias, este proyecto generaría $US 17.4 millones de ingresos promedio anual al Estado ecuatoriano, monto equivalente a 1,2% del impuesto a la renta pagado en 2017 por 270 grupos económicos.

Detalles Curipamba Magnitudes
Propietario Salazar Resources (Islas Vígenes Británicas)
Vida útil 14 años
Fase Exploración
Inversión planeada USD 110,3 millones
Inversión ejecutada entre 2010 y el tercer semestre de 2019 USD 35,6 millones
Ingresos para el Estado USD 244 millones
Costos de operación + ganancias de la minera USD 876,5 millones
Ingreso promedio anual al Estado USD 17,4 millones
Equivalencia anual a impuesto a la renta de grupos económicos en 2017 1,2%
Potencial material tratado 600 toneladas por día

La gran estafa minera: algunas cifras macro

De las cifras oficiales para cada proyecto minero analizado, estimamos que el total de ingresos que se generarían por la megaminería en las próximas décadas podrían ascender a $US 132,432 millones, de los cuales sólo $US 27,486 millones llegarían al Estado ecuatoriano en períodos que van de 11 a más de 50 años (información obtenida de siete megaproyectos con información económica disponible). A esto se añadiría -entre otros pasivos ambientales- miles de millones de toneladas de lodos contaminados (relaves) y de desechos sólidos acumulados en escombreras generadoras de drenaje ácido de mina.

Ingresos estimados de algunos proyectos mineros para el Estado entre 2020-2050

Proyecto Vida útil

(años)

Estado
Ingresos totales

(mill USD)

Ingreso promedio anual (mill USD)
Mirador 30 9,239 308
Fruta del Norte 13 1,961 150.8
Loma Larga 12 669.7 55.8
Río Blanco 11 193.8 17.6
Alpala / Cascabel 55 14,031 255.1
Cangrejos 16 1,147 71.6
El Domo / Curipamba 14 244 17.4
Total 27,486 876 (*)

 (*) El total de ingreso promedio anual se obtiene asumiendo que todos los proyectos mineros se encuentran en operaciones al mismo tiempo.

Fuente: Información oficial gubernamental y de mineras y estimaciones propias

Al revisar la magnitud y el período en el cual tales ingresos llegarían al Estado, se puede notar que la megaminería no va a significar ingresos significativos para el país. Para sustentar esta interpretación, se puede comparar los ingresos que nos promete la megaminería para las próximas décadas con la realidad conocida: el petróleo.

  • Los $US 27,486 millones que llegarían al Estado por megaminería son inferiores a los $US 98,983 millones de ingresos petroleros que el sector público no financiero ecuatoriano (gobierno central, gobiernos seccionales, empresas públicas y demás entes estatales) obtuvo entre 2007-2018 (11 años).
  • Solo el gobierno central registró entre 2007-2018 un total de $US 41,822 millones de ingresos petroleros, es decir ¡1.5 veces más que la megaminería en un período –mínimo– tres veces más corto!
  • Es decir, el supuesto “boom minero” que abarcaría más de 30 años de explotación de minerales en el Ecuador (2020-2050 o más) no igualaría a 12 años de ingresos petroleros: a lo sumo los ingresos estatales mineros representarían 27.8% de los ingresos petroleros obtenidos entre 2007-2018 por el sector público no financiero y 65.7% de los ingresos petroleros del gobierno central.

Se nota, pues, que el Estado ecuatoriano vivirá un saqueo: el grueso de los ingresos totales de la megaminería terminaría en las utilidades de un puñado de grandes mineras o en sus “costos de operación” que podrían estar artificialmente inflados para reducir las cargas tributarias en el país.

  • En términos de ingresos totales, en el mismo período 2007-2018, el Ecuador sumó $US 118,594 millones de exportaciones petroleras, monto menor a los $US 132,432 millones que se obtendrían como ingresos totales de las ventas y exportaciones mineras de los siete proyectos analizados.
  • Es decir, entre 2007-2018 el Estado se apropió del 83.5% de las exportaciones petroleras (solo el gobierno central se apropió del 35.3%); en cambio, de la explotación minera el Estado solo obtendría 20.8%.

En el caso del petróleo, con todos sus defectos, al menos el Estado –todavía– tiene un papel protagónico, cosa que no sucederá con la megaminería en las próximas décadas. Así, incluso aceptando los anuncios de ingresos millonarios para el Estado, la megaminería no generará las mismas oportunidades que el petróleo.

  • En el mejor año de ingresos minero, el Estado ecuatoriano obtendría $US 876 millones de la megaminería, monto que ni siquiera cubre un mes promedio de gasto en salarios públicos ($US 890 millones al mes en 2018).
  • De hecho, ese monto apenas representa el 60.5% del impuesto a la renta pagado por los 270 grupos económicos identificados por el SRI en 2017 (que sumó $US 1,447.2 millones).
  • Por su parte, si se compara esos $US 876 millones promedio anuales de ingresos estatales por minería con el total de recaudación tributaria del año 2018 ($US 15,145 millones), apenas se cubriría el 5.8% de dichas recaudaciones.
  • Asimismo, si se compara ese ingreso estatal previsto anual con el Producto Interno Bruto (PIB) de 2018 ($US 107,562 millones), resulta que el ingreso megaminero apenas equivaldría al 0.8% del PIB.

La ilusión minera muere con los costos de gestión de los desechos

Pasando a los costos que podrían representar la gestión de los desechos generados por las futuras minas para el Estado, la situación es contundente. La lista de costos y las pérdidas para el Estado es muy larga y rebasa el marco de los análisis costo-beneficio tecnocráticos convencionales de valoración los proyectos mineros desde una visión de la economía neoclásica. Estos costos y pérdidas van desde las inversiones públicas para construir (y mantener) las infraestructuras para las mineras (como carreteras o centrales hidroeléctricas), las pérdidas por no cobrar el agua que bombean de los ríos y acuiferos circundantes las mineras o por destruir sectores económicos existentes o futuros (como actividades agropecurarias y turísticas), hasta gastos en salud por enfermedades físicas y mentales que provoca la megaminería, etc.

Estimar estas pérdidas a cabalidad queda para un trabajo ulterior. Tan solo en los costos asociados a la contaminación y la destrucción del medio ambiente y los ecosistemas, el trabajo requiere numerosos métodos y técnicas. Solo como ejemplo e ilustración, reflexionemos sobre los costos de gestión de los desechos que generarían las futuras minas asociadas a los proyectos considerados, una vez éstas se cierren. A nivel global, en la inmensa mayoría de los casos, las tareas asociadas a remediar los sitios mineros recaen sobre los Estados durante décadas e incluso siglos, por lo que las empresas suelen declararse en quiebra y dejan el país –o al menos la zona– una vez sus yacimientos están agotados. Por ejemplo, en Canadá existen 10,000 minas abandonadas por mineras que ya han costado – y seguirán costando- miles de millones de dólares al Estado canadiense.

Costo estimado para el Estado del monitoreo de desechos después del cierre de las futuras minas de los 9 proyectos mineros más avanzados del país 

Proyecto Vida útil

(años)

Cantidad de Mena tratada por día (Toneladas) Cantidad Total de mena tratada (Millones de Toneladas) Costos de Remediación

($US millones)

$US 2.88/ tonelada (caso base mina a cielo abierto)

1.44$/tonelada (caso base mina subterránea)

Mirador 30 60,000 657 1,893
Fruta del Norte 13 3500 16 24
Loma Larga 11 3400 13 20
Río Blanco 12 800 3.5 5
Panantza-San Carlos 30 90,000 985 2,840
Llurimagua 27 90,000 880 2,556
Alpala / Cascabel 35 160,000 2040 5,890
Cangrejos 16 40,000 440 1,262
El Domo / Curipamba 14 600 3,5 5
Total 5,048 14,496

En la tabla que precede, desde un pequeño ejercicio de estimación vemos que el costo de monitoreo -no necesariamente de remediación y menos aún de restauración- de los sitios de las minas de los 9 proyectos considerados aquí (Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga, Río Blanco, Panatza-San Carlos, Llurimagua, Cascabel, Cangrejos, y El Domo/Curipamba) podría llegar al menos a $US 14,500 millones. Es decir, con tan solo el costo de monitoreo de los sitios contaminados llegamos a casi el 53% de los ingresos previstos para el Estado ($US 27,486 millones). Pero si el costo por tonelada llegara a $US 6,-, casi el doble de lo estimado en el cuadro, el beneficio del Estado practicamente desaparecería y si alcanzara $US 10.- el Estado quedaría endeudado… Este costo no considera, por supuesto, los costos de eventuales accidentes (muy probables dados los contextos altamente riesgosos en los cuales se están desarrollando los proyectos) como la rotura de un dique de colas y la consecuente limpieza de la contaminación asociada.

De los $US 14,500 millones que costaría para el Estado ecuatoriano el cuidado de los sitios cerrados, los proyectos Mirador, Panatza San Carlos, Llurimagua, Cascabel y Cangrejos representarían el 99% del costo, mientras Fruta del Norte, Loma Larga, Río Blanco y Curipamba representaría el 1% de estos costos. Este resultado se debe a que estos proyectos recurirían a minas subterráneas. El costo calculado aquí no toma en cuenta sin embargo los problemas específicos que pueden estar asociados a este tipo de minas, como la contaminación de fuentes de agua subterráneas y el nivel de toxicidad de la contaminación generada.

Antes de concluir esta rápida revisión de las cifras oficiales cabría recordar que es práctica común de las empresas mineras, cuando ya están en pleno proceso de explotación, de incrementar sus costos con el fin de ocultar sus ganancias, provocando la reducción de la participación del Estado al minimizar el pago de tributos. También es frecuente que quiebren antes de tener que cumplir con sus obligaciones en términos de cierre de las minas. En ciertos casos, recurren a subsidiaras afincadas en paraísos fiscales y bancarios, por lo que no hay manera de conseguir que asuman su responsabilidad.

Sepultamos al mito megaminero… o sepultamos al país

De seguir atado al extractivismo, el futuro augura al país un papel cada vez más dependiente y periférico, no mayor “prosperidad”, la cual tambalea si se toman en cuenta varios “costos ocultos” de la megaminería (asociados a la contaminación, la salud física y psicosocial, la destrucción de ecosistemas, las inversiones públicas necesarias en grandes infraestructuras, la salud pública, la perdida de actividades productivas existentes, entre otros). En cuanto a los costos ambientales, cabría considerar que estos extractivismos coadyuvan para agravar algunos desbalances ambientales globales a raíz de sus impactos como es la pérdida de biodiversidad, con la destrucción del hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción; y potencialmente el cambio climático con las deforestaciones asociadas a la extracción de minerales. Otros impactos más bien son “indirectos”, por lo que se producen a raíz de actividades que no tienen que ver directamente con la extracción minera. Es el caso de la construcción, junto con la generación de grandes cantidades de energía para abastecer a las minas, como sucede con represas hidroeléctricas. Estas a su vez, ocasionan además considerables impactos socioambientales.

Por otro lado, si bien alrededor de los sitios de extracción las actividades mineras “dinamizan” la economía, tal efecto es fugaz pues dura solo durante la explotación mineral y posee varias consecuencias negativas. Numerosas de estas actividades, además, se ven atadas a negocios de mafias locales o nacionales. Para la población, se generan expectativas de trabajo que motivan la masiva migración -más que nada hombres jóvenes, con todos los problemas que ello conlleva- hacia las minas de personas de otras provincias e incluso de otros países, aun cuando dichas expectativas no siempre se satisfacen. Y claro, tal incremento de la población requiere mayor oferta de servicios públicos como agua potable, alcantarillado, salud, energía eléctrica, seguridad, etc. ¿Tienen los gobiernos seccionales y locales la capacidad de proveer estos servicios a los nuevos pobladores? ¿serán suficientes las regalías mineras para asumir esa creciente demanda de servicios sociales? Un caso drástico son los servicios de salud física y psicosocial, cuya demanda podría incrementarse por los mismos impactos de la minería. A todo esto, cabe agregar las dinámicas de compraventas forzadas y fraudulentas de tierras junto con los desplazamientos de poblaciones.

En suma, a la par de los problemas estructurales asociados a los extractivismos, si se contabilizaran los costos económicos de los impactos sociales, ambientales y productivos generados por los extractivismos (sea petroleros, mineros u otros), así como los subsidios ocultos en estas actividades, desaparecerían muchos de sus beneficios económicos aparentes. Al incluir estos factores, la ilusión de “prosperidad” asociada a la megaminería se desvanecería rápidamente. Pero pese a la magnitud que tales costos podrían tener, muchas veces las esferas gubernamentales simplemente los omiten o no los toman en cuenta con seriedad, siguiendo la misma práctica de aquellos analistas que ven a las actividades extractivistas simplemente como un negocio cualquiera.

Entonces, sólo con mirar de manera crítica los superficiales cálculos que el Estado Ecuatoriano hace, el boom minero se vuelve una ilusión y se devela el festín que empresas transnacionales, élites económicas locales y unos pocos funcionarios públicos, alfiles de esta perversa alianza, pretenden devorar. En medio de todo esto, cientos de comunidades, pueblos y organizaciones sociales siguen actuando, unos demandado la reparación integral a sus derechos humanos y los de la naturaleza ya vulnerados; otros defendiendo sus territorios, la selva, los bosques y los páramos; todos produciendo alimentos que llegan a los mercados en las ciudades, actividad esencial para sostener la vida de millones.

Ante los escasos recursos que la megaminería dejaría al Estado ecuatoriano, reforzamos la tesis de que la afirmación de que esta actividad extractivista es vital para el “desarrollo” del país es un mito. Pero no es cualquier mito, sino uno que puede sepultar al país en un lodazal de costos sociales y ambientales, incluyendo violencias, corrupción y creciente autoritarismo, a cambio de enriquecer a muy pocos capitales transnacionales. Es más, la magnitud de recursos esperados, junto con el prolongado período en que se los espera, deja ver que la actividad minera tampoco va a responder a las urgencias que vive la economía ecuatoriana en medio de la crisis global que acompaña a la pandemia del covid-19. Por tanto, la cuestión es clara: o sepultamos al mito megaminero… o dejamos que el festín megaminero del siglo XXI sepulte a país. Estamos todavía a tiempo para decidir.-

SOBRE LOS AUTORES:

  • Alberto Acosta es economista, Juez del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, exministro de Energía y Minas, y expresidente de la Asamblea Constituyente.
  • John Cajas-Guijarro es economista, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador.
  • Francisco Hurtado Caicedo es abogado con especialidad en Derechos Humanos y maestría en Sociología. Miembro del Observatorio Social del Ecuador.
  • William Sacher es profesor-investigador del área de Ambiente y Sustentabilidad, Universidad Andina Simón Bolívar.

[1] Una versión resumida de este artículo se publicó en GK: https://gk.city/2020/07/19/consecuencias-megamineria-ecuador/

[2] Declaración disponible en: https://twitter.com/MashiRafael/status/1275339799940026368

[3] Nota: Información obtenida del libro: El festín minero del siglo XXI- ¿Del ocaso petrolero a una pandemia megaminera?, Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro, Francisco Hurtado Caicedo, William Sacher, Abya-Yala, Quito, 2020 (en prensa).

[4] Esta declaración de Moreno se encuentra disponible en: https://youtu.be/eZHeShpHfsg?t=358

[5] Los países con mayores reservas de cobre en el mundo serían Chile con 20,5%, Australia con 10,6% y Perú con 10% (US Geological Survey, 2019). Ver el documento de la US Geological Survey disponible en < https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/s3fs-public/atoms/files/mcs-2019-coppe.pdf >

[6] El 24 de abril de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasladó la denuncia presentada por los familiares de José Isidro Tendetza Antún, apoyados por CONAIE, CEDHU e INREDH por la violación a los derechos a la vida, a la integridad y a la justicia.

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