Emergencia sanitaria: Vulneración de derechos económicos, sociales y culturales en el Ecuador

Por: Nelson Atupaña Chimbolema
Kichwa de la Nación Puruhá, Abogado
Foto Portada: Internet
Junio 29 de 2020

Segunda parte; Primera Parte

En la misma línea, acontece con la vulneración del derecho a la educación, ya que las políticas públicas y las decisiones adoptadas desde el Gobierno Nacional han sido en perjuicio de este derecho, como por ejemplo, la decisión adoptada de una forma unilateral por el Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, con respeto a la reducción presupuestaria a las 32 Instituciones de Educación Superior Pública que bordea los USD 98´210.190 millones de dólares afectando directamente al derecho a la educación garantizada en la Constitución e Instrumento Internacionales. Sin embargo, cabe recalcar que la declaratoria del estado de excepción no permite la reducción económica en el sector de la educación, ya que su limitación expresa está contemplada en el numeral 2 del Art. 165 de la Constitución de la República, debido a que solo se permite al presidente: “(…) 2. Utilizar fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación”, en consecuencia, no se puede hacer un recorte presupuestario en este sector por prohibición expresa de la Norma Suprema.

Además, cabe mencionar que, el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), el pasado 8 de abril de 2020, recomendó a los Estados que “aseguren el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de igualdad de oportunidades y de no discriminación como primera prioridad, a través de marcos regulatorios, de financiamiento y de incentivos adecuados, así como de impulsos a iniciativas inclusivas, pertinentes y de calidad para “no dejar a ningún estudiante atrás”. Sin embargo, pese a que la educación es un derecho y que en un estado de excepción no se puede hacer un recorte presupuestario en el sector de la educación por prohibición expresa de la Constitución, el Gobierno Nacional de Lenin Moreno y su Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez ejecutaron la reducción presupuestaria afectando a las Instituciones de Educación Superior Pública, que genero indignación, rechazó y preocupación en la sociedad ecuatoriana y sobre todo en los estudiantes, docentes, trabajadores de las Universidades Públicas del país.

En este sentido, las políticas públicas y las decisiones en materia económica del Gobierno Nacional no deben ensañarse con la educación pública como disposición para enfrentar la actual crisis sanitaria. Además, antes de la pandemia por Covi-19 el Gobierno Nacional de Lenin Moreno ya redujo el presupuesto a la educación pública, así tenemos en el año: 2018: USD 83 millones; 2019: USD 90 millones; 2020: USD 98 millones, sin embargo, el Gobierno Nacional por ejemplo en el año 2019 condonó las deudas por más de USD 4.500 millones de dólares a los grupos empresariales y financieros quienes en esta crisis sanitaria no han aportado con fondos solidarios reales.

Por ello y frente a la reducción, presupuestaria que afectaba a la Educación Superior Pública, el pasado 4 de mayo de 2020, juristas y académicos junto con la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Frente en Defensa de la Educación Pública, entre otras agrupaciones, presentaron ante la Corte Constitucional del Ecuador una acción constitucional de medidas cautelares en contra de la Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, con la que se notificaba una reducción presupuestaria de más de USD 98 millones de dólares, que afectaba a 32 Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos Públicos del país. Debido a lo cual, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador el pasado 12 de mayo de 2020, dentro del caso N°. 34-20-IS/20, decidió otorgar las medidas cautelares en relación a la reducción del presupuesto de la Educación Superior Pública y resolvió: Disponer al Ministerio de Economía y Finanzas, así como a la Función Ejecutiva, que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las 32 Instituciones de Educación  Superior Pública del país.

Asimismo, la educación básica y media en los sectores sobre todo rurales y marginales del país es sumamente preocupante, por lo cual la coyuntura que ahora enfrenta la Educación Pública Superior no es ajena con la realidad de la educación pública básica, media, intercultural y comunitaria, por el hecho de que se debe considerar que en el Ecuador solo el 37% de los hogares tienen acceso a internet. Además, si consideramos que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha señalado que 6 de cada 10 niños no pueden continuar con sus estudios a través de las plataformas digitales y hace énfasis en que la situación es aún más grave para los niños/as y adolescentes de las zonas rurales, donde solo el 16% de los hogares tienen acceso a este servicio y de medios tecnológicos.

Frente a esto, la CIDH ha exhortado a los Estados a que dispongan de mecanismos que permitan a los niños, niñas adolecentes a “seguir con el acceso a la educación y con estímulos que su edad y nivel de desarrollo requieran”, con lo cual puedan “acceder a la educación sin exclusión alguna, mediante sistemas de apoyo, estrategias de comunicación y con contenidos accesibles.

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